«Estimado presidente y candidato: Estamos inmersos en una nueva campaña electoral, en donde cada partido expone sus programas de futuro. A tenor de lo conocido, en cuanto a las relaciones iglesia - estado y en aquellas cuestiones que más puedan “molestar” a la jerarquía católica, va a evitar que se plasme nada concreto en su proyecto político. Es más, la actual vicepresidenta, en sede parlamentaria, el pasado día 10 de enero se ha ratificado en mantener y defender los acuerdos con la santa sede de 1979, así como todas las prebendas de las que goza la jerarquía católica en España, calificándolas de “necesarias y positivas”. En la misma sesión oíamos como el portavoz del PP les trataba de “laicistas radicales” y exponía otra serie de disparates que no venían a cuento.
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Es evidente que en los últimos cuatro años, su gobierno ha desarrollado, con el apoyo de otros grupos políticos, diversos e importantes avances en cuanto a derechos individuales, que en algunos casos han podido incomodar (más o menos) a la jerarquía católica. Éstos, acostumbrados a imponer su exclusivista moral durante siglos, no aceptan “ingerencias” desde el estado de derecho, como demuestran las soflamas que lanzan permanentemente.
Quizá con la finalidad de no tenerlos enfrente (cosa que no consiguen) y por presiones internas, su gobierno, con actuaciones de dudosa legitimidad, les ha concedido una considerable e inestimablemente mejora en materia económica y educativa (las dos cuestiones “estrella” de toda religión organizada), además de que no se han modificado los privilegios de que disponen desde la etapa de la dictadura en los ámbitos jurídicos, políticos y sociales. Siguen ocupando, de forma exclusiva, con sus símbolos y rituales, espacios públicos (escuelas, juzgados, hospitales…), presidiendo actos civiles y políticos de todo tipo y funerales de estado; la jura o promesa de los ministros y otros altos cargos se hace ante símbolos católicos; la jefatura del estado hace ostentación pública de su catolicidad; innumerables cargos públicos presiden actos religiosos en función de sus responsabilidad política; existen plazas de capellanes en el ejército, cárceles, hospitales; etc. Normativas fiscales y societarias y los códigos civil y penal les favorecen, como grupo, de cuya organización interna no tienen que dar cuenta al Estado.
Es muy lamentable que no desee abordar cuestiones como la suspensión/derogación/denuncia de los acuerdos, herencia del concordato franquista del 53 y anteriores, que se mantienen con un estado de ficción denominado ciudad del Vaticano, creado por expresa concesión del gobierno fascista de Mussolini (1929), estado que, por ejemplo, no ha ratificado la declaración universal de los Derechos Humanos. Tampoco, para no “molestar” a “sus eminencias” (o, quizá, por convicciones propias) desea adquirir compromisos electorales en temas importantes, como la racionalización de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo o la supresión legal de todo privilegio jurídico, educativo o económico hacia la iglesia católica u otras religiones. Ha anunciado, tímidamente, una revisión de la perniciosa Ley de libertad religiosa de 1980, dada su concepción uniforme y excluyente de las convicciones y creencias, pero no queda muy claro cual va a ser la propuesta, cuestión que nos preocupa.
Sería una osadía, por mi parte, juzgar las razones que haya tenido para actuar así y el porqué de que las relaciones iglesia - estado se han desarrollado, casi exclusivamente, desde Moncloa, sin apenas dejar a ningún Ministerio que tomara decisiones y por qué ha nombrado a un embajador ante la SS , que al margen de su catolicismo militante (por otro lado, respetable) se le permiten ciertas declaraciones, y entre ellas la obscenidad de exigir al propio PSOE que “ha de pedir perdón a la iglesia católica” (¿de qué?), ofendiendo la memoria de miles de socialistas que dieron sus vidas por la libertad y la democracia. Ahora bien no juzgo sus razones, pero tengo todo el derecho a emitir mi opinión, como persona y como socialdemócrata.
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Es evidente que en los últimos cuatro años, su gobierno ha desarrollado, con el apoyo de otros grupos políticos, diversos e importantes avances en cuanto a derechos individuales, que en algunos casos han podido incomodar (más o menos) a la jerarquía católica. Éstos, acostumbrados a imponer su exclusivista moral durante siglos, no aceptan “ingerencias” desde el estado de derecho, como demuestran las soflamas que lanzan permanentemente.
Quizá con la finalidad de no tenerlos enfrente (cosa que no consiguen) y por presiones internas, su gobierno, con actuaciones de dudosa legitimidad, les ha concedido una considerable e inestimablemente mejora en materia económica y educativa (las dos cuestiones “estrella” de toda religión organizada), además de que no se han modificado los privilegios de que disponen desde la etapa de la dictadura en los ámbitos jurídicos, políticos y sociales. Siguen ocupando, de forma exclusiva, con sus símbolos y rituales, espacios públicos (escuelas, juzgados, hospitales…), presidiendo actos civiles y políticos de todo tipo y funerales de estado; la jura o promesa de los ministros y otros altos cargos se hace ante símbolos católicos; la jefatura del estado hace ostentación pública de su catolicidad; innumerables cargos públicos presiden actos religiosos en función de sus responsabilidad política; existen plazas de capellanes en el ejército, cárceles, hospitales; etc. Normativas fiscales y societarias y los códigos civil y penal les favorecen, como grupo, de cuya organización interna no tienen que dar cuenta al Estado.
Es muy lamentable que no desee abordar cuestiones como la suspensión/derogación/denuncia de los acuerdos, herencia del concordato franquista del 53 y anteriores, que se mantienen con un estado de ficción denominado ciudad del Vaticano, creado por expresa concesión del gobierno fascista de Mussolini (1929), estado que, por ejemplo, no ha ratificado la declaración universal de los Derechos Humanos. Tampoco, para no “molestar” a “sus eminencias” (o, quizá, por convicciones propias) desea adquirir compromisos electorales en temas importantes, como la racionalización de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo o la supresión legal de todo privilegio jurídico, educativo o económico hacia la iglesia católica u otras religiones. Ha anunciado, tímidamente, una revisión de la perniciosa Ley de libertad religiosa de 1980, dada su concepción uniforme y excluyente de las convicciones y creencias, pero no queda muy claro cual va a ser la propuesta, cuestión que nos preocupa.
Sería una osadía, por mi parte, juzgar las razones que haya tenido para actuar así y el porqué de que las relaciones iglesia - estado se han desarrollado, casi exclusivamente, desde Moncloa, sin apenas dejar a ningún Ministerio que tomara decisiones y por qué ha nombrado a un embajador ante la SS , que al margen de su catolicismo militante (por otro lado, respetable) se le permiten ciertas declaraciones, y entre ellas la obscenidad de exigir al propio PSOE que “ha de pedir perdón a la iglesia católica” (¿de qué?), ofendiendo la memoria de miles de socialistas que dieron sus vidas por la libertad y la democracia. Ahora bien no juzgo sus razones, pero tengo todo el derecho a emitir mi opinión, como persona y como socialdemócrata.
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(«Estado e iglesia católica, Carta abierta al presidente y candidato José Luís Rodríguez Zapatero»; Francisco Delgado Ruiz, Diputado constituyente y Vicepresidente de Europa Laica)
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